Este tratado internacional, que se encuentra en vigor desde el año 2014, es el más amplio instrumento jurídico internacional para luchar contra la violencia contra las mujeres, entendida como una violación de los derechos humanos.

 

La adhesión y posterior ratificación del Convenio de Estambul tiene una especial implicación para las mujeres con discapacidad, ya que prohíbe expresamente la práctica de esterilizaciones y abortos forzados, es decir, aquellos que se realizan sin el consentimiento previo de las mujeres.

 

El documento establece que “Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa de modo intencionado, la práctica de un aborto a una mujer sin su consentimiento previo e informado y el hecho de practicar una intervención quirúrgica que tenga por objeto o por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo e informado o sin su entendimiento del procedimiento.”

 

 

Según la Fundación, se estima que en Europa una de cada tres mujeres o adolescentes ha sido en algún momento víctima de violencia física y sexual a partir de los quince años y que una de cada tres mujeres de la Unión Europea ha sufrido violencia en la niñez perpetrada por una persona adulta.

 

Además, la entidad denuncia que la incidencia de la violencia de género sobre mujeres con discapacidad es mayor que para el resto de las mujeres. Y es que la prevalencia de la violencia, sea del tipo que sea, (física, psicológica, sexual o económica) es de media diez puntos porcentuales superior en el caso de las mujeres con discapacidad que en el resto de las mujeres. Así, lo confirma un reciente Informe sobre la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad publicado por la Fundación CERMI Mujeres realizado a partir de la explotación de los microdatos de la Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer 2015 de la Delegación del gobierno para la violencia de género.